El 13 de febrero de 2012, mediante el comunicado CGCP/036/12, la Comisión Nacional de Derechos Humanos dio a conocer que de acuerdo con su Informe de Actividades 2011, se recibieron 59 quejas por agresiones cometidas contra defensores de los derechos humanos.
Se documentaron violaciones a los
derechos a la vida, integridad, seguridad, reunión, circulación, debido proceso,
propiedad y libertad de expresión en perjuicio de su trabajo cotidiano.
También, con el propósito de prevenir
situaciones que dañen la salud física y psicológica de ellos o sus familias, en
ese año este Organismo autónomo solicitó la implementación de medidas
cautelares de protección en 16 casos.
Un ejemplo claro de esta situación es
lo sucedido el pasado 3 de febrero, en el caso de la activista chihuahuense
Norma Andrade, quien solicitó medidas cautelares a la Secretaría de Gobernación
con el fin de garantizar la seguridad e integridad de la víctima y evitar que
sufra un nuevo atentado.
Por ley, el informe anual de
actividades ya fue presentado a los poderes Legislativo y Ejecutivo, para
posteriormente hacerlo ante el poder Judicial.
En el caso de los defensores de los
derechos humanos, la CNDH ha dado seguimiento a cada una de las denuncias
presentadas, recabando datos con las autoridades involucradas, entrevistándose
con los agraviados y verificando que se integren adecuadamente las
averiguaciones previas.
Considera que es deber de los
servidores públicos federales, estatales y municipales brindar atención
expedita y profesional a quienes han sido víctimas del delito, además de
esclarecer los casos para erradicar la impunidad y fortalecer el Estado de
Derecho.
En octubre de 2010, la Comisión
Nacional expidió la Guía para
Implementar Medidas Cautelares en Beneficio de Defensores de los Derechos
Humanos y en julio de 2011 publicó el Informe Especial Sobre la Situación de las y los Defensores de los
Derechos Humanos en México.
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