Como una medida para hacer efectiva la
reforma constitucional de junio del año pasado en materia de Derechos Humanos, el Senado
avaló que la CNDH denuncie ante el Ministerio Público o la autoridad
administrativa a servidores públicos que no cumplan sus recomendaciones, pues
una realidad que hoy en día las mismas son letra muerta para dependencias
oficiales y sus titulares.
Por lo que partir de la reforma es una obligación que la autoridad o servidor público funde, motive y haga pública su negativa, y atendiendo en su caso
los llamados del Senado para que comparezca sobre el caso.
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